Campesinos de Urabá asesinados por reclamar sus tierras

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La Consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Mesa Nacional Campesina y otras organizaciones sociales denunciaron el asesinato de varios líderes campesinos de la región de Urabá, al noroccidente colombiano, por reclamar sus tierras.

Desde julio de 2008 hasta la fecha, han sido asesinados cuatro campesinos desplazados de ésta zona (ubicada entre Antioquia y Chocó) a manos de los paramilitares que operan allí, conocida como una de las regiones más golpeadas por la oleada paramilitar encabezada por Rito Alejo del Río, el entonces comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional. En Urabá contrastan las condiciones precarias de trabajadores agrarios y campesinos parceleros, con el latifundismo ganadero y la industria del banano. Allí mismo ocurrieron masacres como las de Bajo del Osos (Apartadó, 25 muertos), La Chinita (Apartadó, 35 muertos), entre muchas otras ocurridas en esta región. A causa de la lucha de cientos de campesinos desplazados por el paramilitarismo y que viven en la ciudad en condiciones precarias y de marginación, siguen siendo asesinados sistemáticamente líderes de la comunidad. En el mes de julio de 2008 fue asesinado Juan Jiménez Vertel, en noviembre Benigno Gil, líder de unos 1.200 campesinos, y Jaime Antonio Gaviria. Alejandro Pino Medrano fue la primera victima del 2009 (Periódico El Colombiano. Medellín, viernes 27 de febrero de 2009). Todos ellos, campesinos que luchaban por sus familias y sus comunidades por el retorno a sus tierras usurpadas por los paramilitares. Según el Gobierno Nacional, después del proceso de “desmovilización” de los paramilitares, se crearía un mecanismo de devolución de las tierras, el cual no se ha traducido en un elemento expedito para la restitución. Por el contrario, la respuesta se traduce en asesinatos sistemáticos a los lideres campesinos, mientras que los territorios que pertenecen legítimamente a las comunidades siguen estando en manos de ganaderos y testaferros de paramilitares. Las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian a la alcaldesa de Mutatá (Antioquia), María Luz Estrada Barrientos, como la autora intelectual de la muerte de uno de los lideres asesinados: Benigno Gil. Según la Mesa Nacional Campesina, “la alcaldesa se confabuló con el mayor Carlos González y el sargento Palacio Lemus, un par de sicarios que contaminan a la Policía Nacional, estos delincuentes fueron patrocinados por quienes les ofrecieron $600 millones para ejecutar el magnicidio del líder campesino, delincuentes ladrones de tierras campesinas como los narco-para-ganaderos Jaime Antonio Uribe Castrillón, Jaime y Juan Carlos Sierra, Jaime López Echeverri (alias Jimmy), el comerciante de Mutatá Jhon Jairo Molina (testaferro del paramilitar preso Elkin Castañeda), Adriano Palacio (alias Negro Pino), un sicario de apellido Cantero testaferro de narcos". (Periodico El Mundo. Viernes 27 de febrero de 2009.) La alcaldesa considera sobre los campesinos que “el camino por ellos tomado para la recuperación de tierras, es equivocado en la medida en que desconocen la institucionalidad”. La pregunta a realizarse según esta respuesta es ¿No es anti-constutucional no brindar las garantías para el retorno a las tierras de campesinos desterrados y garantizar la dignidad humana, la vivienda digna, la salud, la alimentación y la educación del campesinado, tan golpeado por el paramilitarismo y la parapolítica? En declaraciones dadas al periódico El Mundo, las organizaciones campesinas responden ante los hechos que “Los campesinos de Urabá están tristes pero tienen el valor y la dignidad de seguir luchando por recuperar las tierras que estos seres de la oscuridad pretenden usurpar. En adelante caminaremos inspirados en el pensamiento de nuestro mártir Benigno Gil".

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Entrevista PARTE 1

DESDE EL PAIS POISON Julio 25 de 2008

‘El Esmad mató a mi hijo de 15 años’: Yuri Neira

Mi nombre es Yuri Enrique Neira Salamanca soy el padre de Nicolás David Neira Álvarez, menor de 15 años que fue brutalmente asesinado por la Policía Nacional, por el Grupo Esmad, en la marcha de los trabajadores del primero de mayo de 2005’. Así se presentó Yuri Neira cuando concedió la entrevista exclusiva a Terra Colombia. Su caso es emblemático porque Yuri se ha convertido, con el paso de los años, en una piedra en el zapato de la Policía Nacional, al denunciar diferentes atropellos y hostigamientos en su contra, como consecuencia del asesinato de su hijo por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía de Bogotá. Los hechos En horas de la mañana Nicolás salió de su casa para comprar unos libros en el centro y terminó involucrado (por causas aún desconocidas) en la marcha de conmemoración del Día del trabajo que se realiza cada primero de mayo. “Qué pasó, en qué momento se metió a la marcha, si él iba directamente a la marcha, si la marcha lo absorbió, yo no sé… Hasta ahí yo le creo a él”, dice Yuri, mientras se ve en sus ojos un profundo resentimiento con la Policía. “Dentro de las investigaciones que he hecho encuentro que la marcha iba bien, pasaron los anarquistas que también iban en la manifestación, lanzan (el Esmad) los gases lacrimógenos, Nicolás como sufría de asma se quedó paralizado en el sitio y todos los demás se esparcieron. Como fue el único que quedó ahí lo cogieron ocho miembros del Esmad y le dieron bolillo en la cabeza”. Es la versión de Neira. “Unos policías de negro golpearon al niño en el suelo, le causaron lesiones graves en la cabeza e hicieron un círculo para impedir que lo recogieran quienes estaban cerca”, agregó Pedro Mahecha, del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, quien asumió la defensa del caso. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró a los medios de comunicación que en el lugar de los hechos no utilizó la fuerza para disuadir a los manifestantes. En ese momento, los uniformados tenían dos hipótesis sobre la muerte del menor: la primera, que cayó en una estampida provocada por unos jóvenes vestidos de negro y los manifestantes le pasaron por encima; la segunda, que el menor cayó de un camión al que se había subido con otros jóvenes al dispersarse la manifestación. Sin embargo, en el curso de la investigación se logró determinar, a partir de las versiones encontradas de los miembros del escuadrón y las declaraciones de un funcionario de la Defensoría del Pueblo que estaba en el lugar, que efectivamente se lanzaron gases contra los manifestantes en ese punto de la marcha. Yuri afirmó a varios medios de comunicación que las horas posteriores al hecho fueron un martirio. Nicolás fue llevado al Cami de la Perseverancia, donde no había equipos médicos para tratar su caso y la EPS se demoró ocho horas en trasladarlo a un centro asistencial adecuado para tratar sus traumas. El joven fue trasladado finalmente a la clínica Jorge Piñeros Corpas y estuvo en cuidados intensivos por cinco días. Según el parte médico, Nicolás presentaba trauma craneoencefálico severo, fractura occipital y edema cerebral. Allí reconoció momentáneamente a su familia antes de morir. El hostigamiento “Al día siguiente, me fui para la clínica a las 6:00 a.m. y la niña que estaba en la recepción me dijo que cuando había salido entraron dos policías vestidos de civil mostrando sus placas queriendo interrogar a Nicolás. Los médicos les dijeron que no podían porque era un menor de edad, estaba bajo custodia del hospital y además estaba en estado de coma; y no los dejaron entrar”, recuerda el padre del menor. “Desde ese lunes hasta el viernes 6, día en que falleció, me quedé todos los días en la entrada del pabellón de urgencias. En ese lapso van varios grupos de policías a querer hablar con él pero como estaban las cosas yo pensaba que no iban a interrogarlo sino a rematarlo. La razón es sencilla, los muertos no hablan, los muertos no atestiguan, los muertos no declaran”, relató Yuri. "Si me quieren matar háganlo, pero no me torturen más" dijo Yuri a medios de comunicación, al denunciar amenazas y hostigamientos por parte de hombres de la Policía. El 6 de mayo de 2005, a las 3:45 p.m., falleció Nicolás Neira. Fue velado en el Liceo Hermano Miguel de la Salle, donde estudiaba, y despedido, como un héroe, por sus compañeros de curso, los directivos de la institución y más de 300 personas que colmaron las instalaciones del centro educativo. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio Jardines de Paz.

Entrevista PARTE 2

EN EL PAIS DEL POISON

Yuri Enrique Neira Salamanca concedió la Entrevista exclusiva a Terra Colombia.

Julio 25 de 2008 ‘El Esmad mató a mi hijo de 15 años’: Yuri Neira Una denuncia peligrosa Después de la muerte de su hijo, Neira denunció haber recibido llamadas telefónicas de miembros de la Policía en tono amenazante por el señalamiento que había hecho sobre la autoría de la muerte de su hijo. Según Yuri, la Policía pretendía entorpecer las investigaciones y hasta el momento (una semana después del hecho) no había un pronunciamiento oficial por parte del comando metropolitano sobre el incidente. “Cuando fui a recoger el cuerpo de mi hijo a Medicina Legal tenía una cita con un periodista de la sección de judiciales. A las 10:00 a.m. yo estaba dentro y recibí una llamada del periodista que me pregunta dónde estoy, me pide que no cuelgue y que salga; me explica cómo reconocerlo e insiste en no cortar la comunicación. Salí, los ví y al acercarme me dicen: mire, acá hay dos camionetas y una moto de la Policía, ocho personas que dicen que son amigos de su hermano y que lo quieren ayudar; le sugerimos que los aborde y nosotros vamos con la cámara prendida para que no pase nada. “Llamo a los tipos, me identifico. De los vehículos bajan dos policías uniformados con cascos oscuros, se suben a las motos y arrancan todos. Como logramos anotar las placas de los vehículos, el periodista llama a un oficial conocido y le dice: ‘estoy al lado del papá de Nicolás, hay un operativo aquí para desaparecerlo’. A los pocos minutos me llama el secretario de Gobierno de Bogotá de ese entonces, Juan Manuel Ospina. Le doy las placas y me confirma que efectivamente corresponden a vehículos oficiales”, recuerda Yuri. Por el incidente, Neira recibió protección de funcionarios de la Secretaría de Gobierno dos días y luego le dieron el número de teléfono de un oficial de la Policía que iba a estar pendiente de su situación. Impunidad tres años después El 17 del mismo mes, la Procuraduría General de la Nación asumió la investigación disciplinaria de la muerte de Nicolás, con el fin de determinar los responsables de la golpiza que le causó la muerte. Aplicando el Poder Preferente, el procurador, Edgardo José Maya Villazón, solicitó a la Policía Nacional remitir el expediente disciplinario para que el Ministerio Público continuara con la investigación. El Ministerio Público conformó una Comisión Especial que se encargó de recibir testimonios, proferir el pliego de cargos, recibir los descargos y decretar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos. No era para menos, durante una semana fue el caso de moda y el Esmad estaba en tela de juicio. Hasta el alcalde Lucho Garzón pidió esclarecer los hechos y envió cartas al fiscal general, Luis Camilo Osorio; y al procurador, Edgardo Maya, pidiendo su intervención. El director de la Policía de la época, general Jorge Castro, anunció la apertura de una “exhaustiva investigación” para establecer quiénes fueron los responsables de la presunta agresión. El defensor del pueblo, Vólmar Pérez, los padres, los compañeros, el país entero exigía claridad por los hechos. Un editorial de El Tiempo sostuvo que “cada día que pase sin saber quiénes fueron los responsables de la muerte de Nicolás, mina la credibilidad de todos aquellos organismos que dicen estar investigando la verdad de los hechos”, aún no hay respuestas. Ante la posibilidad de desmantelar los Escuadrones Antidisturbios, el director general de la Policía en ese entonces, general Jorge Daniel Castro, ordenó a los integrantes del escuadrón, llevar un número y una placa de identificación, para facilitar la individualización de cada policía. Tres años después no hay una sola persona detenida por la muerte de Nicolás. Investigación sin rumbo Terra Colombia tuvo acceso a la investigación que sigue la Procuraduría y comprobó que el ente de control definió que se lanzaron gases lacrimógenos al momento de la muerte del adolescente; lo que desmiente las versiones de los uniformados y sostiene que el grupo Esmad fue el responsable de los hechos. Sin embargo, el ente no ha compulsado copias ante la autoridad competente por dicho delito. Así las cosas, aunque no se individualice a los responsables de la golpiza propinada al joven de 15 años, que le causó la muerte, la ley penal define que el responsable de perjurio puede tener una pena entre 6 a 12 años de prisión por lo que cada miembro del Escuadrón que declaró, bajo juramento, que no se lanzaron gases, se haría merecedor de dicha pena. Desde la muerte de Nicolás hasta ahora, Yuri ha recibido tres atentados y constantes amenazas. Lo que denuncia este ex técnico de seguros es que él no tiene deudas, no tiene enemigos, “entonces ¿quién más que los afectados por las denuncias atentarían contra mi vida?”. “Mucha gente dice que se me ‘corrió el champú’ con la muerte de mi hijo. Pero sólo estoy diciendo lo que está en el expediente, no es algo que me inventé. Sólo quiero saber la verdad y que se haga justicia”, termina diciendo Yuri, quien ahora participa en todas las marchas exponiendo su caso y mantiene un espacio donde permite que los jóvenes, independientemente de la tribu urbana a que pertenezcan, se expresen librement