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MEMORIA HISTORICA DE LA COMUNA TRECE DE MEDELLIN
por Elkin Ramirez, Corporación Jrídica Libertad Tuesday, Oct. 14, 2008 at 4:50 PM
MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN
Elkin Ramirez Jaramillo
Corporación Jurídica Libertad
Durante las dos últimas décadas, Medellín ha padecido el rigor de una violencia desgarradora que ha cobrado la vida de miles de personas. Se ha dicho que factores como la presencia del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares son elementos constitutivos de este panorama. No puede desconocerse que estos actores contribuyen históricamente a mantener una serie de condiciones propicias para ese estado de cosas, pero tampoco podemos dejar por fuera del análisis, por ligero que pueda ser, el problema de la desigualdad y la exclusión social a la que han sido sometidos grandes sectores sociales que habitan la ciudad.
La Comuna 13 puede ser vista como un microcosmos respecto de lo sucedido en nuestra ciudad, pero el drama padecido por sus más de 130 mil habitantes permite una lectura aproximada al panorama general.
Discutir el tema de la memoria histórica de la Comuna 13 equivale a conocer las causas que conllevaron a la victimización de sus pobladores, a conocer los responsables de los hechos criminales sin circunscribirlo exclusivamente a sus autores intelectuales y materiales. Con ello se quiere significar la presencia de una indagación que permita conocer motivaciones políticas, ideológicas, económicas, etc., que han conllevado al sometimiento de grandes sectores poblacionales a prácticas de terror sistemático y generalizado. En otros palabras, significa estudiar y conocer las condiciones sociales y económicas que propiciaron que en la Comuna 13, durante la década del ochenta, se crearan bandas delincuenciales encargadas de ejercer ciertos controles sobre la población, o las que posibilitaron la creación de organizaciones de milicias durante los noventa, o la incursión de los paramilitares en el pasado reciente; pero más importante aún es llegar a tener claro cómo la exclusión social y la marginalidad, y un modelo de ciudad predeterminado han incidido significativamente en todo esto. Obviamente debemos indagar cuál ha sido la responsabilidad directa de sectores poderosos de la ciudad, que inciden en su vida política y económica, en la generación de violencia.
Con nuestra disertación no alcanzaremos, por supuesto, a dilucidar todo el entramado de circuitos que rodea la memoria histórica, sólo deseamos poner en conocimiento algunos aspectos que, en relación con el caso concreto de la Comuna 13, inciden significativamente en la no realización de los derechos de las víctimas, especialmente aquellas afectadas por la acción u omisión de autoridades estatales. Para ello hemos propuesto la presentación de tres momentos diferentes vividos en la Comuna 13: el proceso de configuración de su población y el surgimiento de las organizaciones sociales y comunitarias presentes en la zona, el desarrollo de las operaciones militares durante el año 2002, y el posicionamiento de los paramilitares en los últimos 6 años.
1. Surgimiento y fortaleza organizativa
La Comuna 13 se ubica al occidente de la ciudad de Medellín y está compuesta por 24 barrios en los que se alberga en su mayoría población perteneciente a los estratos 1 y 2. El origen de este sector poblacional se remonta a la década de los 70 con la creación de barrios productos de asentamientos subnormales e invasiones compuestas en su mayoría por personas provenientes del campo. Algunas de las familias que habitan allí llegaron a la zona luego de ser víctimas de desplazamiento forzado. El sector social al que se inserta esta población les obliga desde sus inicios a adelantar propuestas organizativas dirigidas a lograr por parte del Estado el reconocimiento de su condición de actores sociales y políticos; por ello no es extraño encontrar que, para principios de esta década, esta zona contara con la existencia de unas 50 organizaciones sociales y comunitarias formalmente constituidas y encargadas de reivindicar sus necesidades más sentidas. Condición organizativa que con el paso del tiempo generó un importante acumulado político que les permitió participar en el diseño de planes y políticas mediante las cuales se buscaba que la administración municipal ejerciera de manera un poco más efectiva su papel de garante de ciertos derechos.
Al inicio de la presente década, si bien los problemas de confrontación armada en la Comuna 13 eran de cierta gravedad debido a la actividad de los diferentes actores armados que se disputaban la zona (milicia, bandas, paramilitares y fuerza pública), lo cierto es que la actividad política generada desde los diferentes procesos organizativos poseía un cierto acumulado que le permitía a las diferentes comunidades adelantar propuestas reivindicativas dirigidas a llamar la atención en temas de índole social, económico y político.
Aquí es importante reconocer, a modo de ejemplo, los aportes que desde las organizaciones populares se prestó a movimientos de índole nacional como lo fue la Jornada de Protesta convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en agosto y septiembre de 1999, en cuyo evento se obtuvo una significativa participación de pobladores e integrantes de organizaciones de la zona; cuando se llevaba a cabo una movilización en el barrio La Divisa, la policía arremetió violentamente ocasionando la muerte de HENRY ALONSO PÉREZ RUIZ, JOSÉ MAURICIO BOLÍVAR ALZATE Y ELKIN ALONSO GRANADA RÍOS e hiriendo gravemente a otro manifestante, procediendo a detener un centenar de personas que participaban de la jornada pacífica. En las comunicaciones efectuadas entre los uniformados que participaban del operativo de represión de la manifestación y los mandos pertenecientes a la Policía Metropolitana queda la evidencia de cómo se monta el falso positivo luego de ocasionar estos crímenes de lesa humanidad, cuando se ordena que a cada uno de los ciudadanos asesinados se les coloquen armas para poder presentarlos como milicianos que se enfrentaron a las fuerzas policiales. La responsabilidad estatal por este crimen de lesa humanidad fue declarada por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante fallo de julio 14 de 2006.
2. Operaciones militares
La presencia de diferentes actores en la Comuna 13 reclamaba del Estado una intervención dirigida a mitigar o solucionar los diferentes problemas que aquejaban a sus habitantes, buscando que se les diera un tratamiento acorde a sus significaciones: mayor inversión en asuntos sociales como educación, salud, servicios públicos, empleo, etc. Aprovechándose de los efectos ocasionados con el inicio de la penetración paramilitar, la institucionalidad, desde inicios de 2002, empezó a adelantar una serie de operativos militares procurando asirse con el control militar del occidente de Medellín y para poner en fuga, de acuerdo con voces oficiales, a los diferentes actores armados ilegales desplegados allí.
Se realizaron las siguientes operaciones militares de gran envergadura que contaron con el concurso de integrantes del DAS, la Cuarta Brigada, la Policía Metropolitana, el CTI y la Fiscalía:
– Operación Otoño, llevada a cabo el 24 de febrero de 2002, que conllevó a la captura de 42 ciudadanos.
– Operación Contrafuego, realizada el 29 de febrero de 2002, en la cual se realizaron 63 allanamientos, se capturaron 31 personas y fueron muertas 5 personas que posteriormente se presentaron como milicianos muertos en combate.
– Operación Mariscal, realizada el 21 de mayo de 2002, que conllevó a la muerte violenta de 9 civiles cuatro de ellos menores de edad, 37 heridos y 55 personas detenidas.
– Operación Potestad, realizada el 15 de junio de 2002, en la que resultó un civil muerto.
– Operación Antorcha, realizada el 20 de agosto de 2002, en la que fueron heridas 37 personas.
– Operación Orión, cuya iniciación se dio el 16 de octubre de 2002, y ordenada por el Presidente Álvaro Uribe; en ella murieron, en medio de la confrontación, 4 militares, 10 personas que fueron presentadas como integrantes de las milicias —información que no fue desvirtuada en su momento por persona alguna—, 1 civil de nombre Elkin Ramírez Vélez quien fue víctima de una ejecución extrajudicial a manos del ejército en presencia de su familia —obviamente fue presentado como un miliciano muerto en combate—; durante los tres días que duró este operativo militar fueron detenidas aproximadamente 450 personas que fueron conducidas a instalaciones policiales y militares, fueron objeto de reseña y algunas de ellas torturadas, otras objeto de desaparición forzada. Luego de efectuar la reseña del total de las 450 personas, 170 fueron vinculadas formalmente a investigación como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. De esta cifra tan sólo a 82 personas se les definió situación jurídica imponiéndose medida de aseguramiento. Las demás recuperaron su libertad. Luego de transcurrido más de un año fueron afectadas con resolución de acusación 56 de estas personas, siendo desvinculados definitivamente de la investigación 26 de los procesados. Transcurridos más de cinco años de efectuadas las capturas de la Operación Orión aún no se ha dictado el fallo por parte del juez encargado de adelantar la fase del juzgamiento.
En la medida en que las fuerzas oficiales avanzaban y ganaban terreno por medio de los operativos militares, fue ingresando a la Comuna 13 una fuerte avanzada paramilitar que tomaría posesión de sus barrios y que, conjuntamente con policía, DAS y ejército, mantendrían un control que con el paso del tiempo, y gracias a la política de seguridad democrática, cobijaría esferas diferentes a la militar.
Recientemente, en una publicación efectuada por los Ángeles Times, citando documentos desclasificados de la CIA, se informó que el ejército al mando del general Mario Montoya en su condición de comandante de la Brigada IV, conjuntamente con el general Leonardo Gallego comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en unión con fuerzas paramilitares, habrían diseñado y desplegado la Operación Orión.
En prueba de esos señalamientos se han conocido incluso versiones suministradas por desmovilizados que dan cuenta del estrecho vínculo existente entre los mandos de la fuerza pública y los grupos paramilitares, dirigido a lograr el éxito en la toma de la Comuna 13. Un ex-integrante del Bloque Cacique Nutibara narra que “la entrada a la Comuna 13 se hizo aprovechando la Operación Orión. Recibimos ayuda de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la policía nos ayudó. No se si por miedo, pero trabajamos en conjunto. Ellos recibían plata porque así los exigían pero también a las AUC nos entregaban milicianos que ellos capturaban”.
Esto corrobora la información difundida a mediados de 2003 por el comandante paramilitar del Bloque Metro Rodrigo Doble Cero, quien denuncio toda serie de alianzas entre paramilitares, policía y ejército en el propósito de toma de la Comuna 13.
3. Posicionamiento de los paramilitares durante los últimos cinco años
A partir de entonces, en la Comuna 13 se contó con la presencia de integrantes del Bloque Metro, del Bloque de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y del Bloque Cacique Nutibara, a quienes se les imputa toda una multitud de crímenes adelantados con el propósito de generar el terror necesario para lograr ejercer un dominio absoluto sobre la zona. Para lograr su propósito, adelantaron una serie de actos criminales dirigidos en un principio a desestructurar los diferentes procesos organizativos, sometieron a la desaparición forzada a unas 70 personas, dieron inicio a una serie de asesinatos selectivos contra habitantes y líderes reconocidos de la zona de los cuales hemos alcanzado a documentar 30, encontrándose entre ellos los cometidos contra TERESA YARCE (octubre 6 de 2004), HAIDER RAMIREZ (agosto 23 de 2006), JUDITH ADRIANA VERGARA (abril 23 de 2007) y VICTOR HUGO GALLEGO (diciembre 31 de 2007). Modificaron algunos patrones de conducta criminal con el propósito de generar en la opinión pública la percepción de condiciones de tranquilidad y paz, la persecución de personas consideradas como enemigas o indeseables se adelantó por fuera de la Comuna 13, los homicidios con arma de fuego disminuyeron y aumentaron los ocasionados con arma blanca para disminuir el impacto social que conlleva la utilización de las armas de fuego. Algunas de las personas por ellos retenidas y sacadas de sus domicilios habitualmente han sido entregadas a miembros de la fuerza pública quienes los asesinan para luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate, tal y como sucedió con WILSON DARIO PEÑA (diciembre 30 de 2004) y JOHN FERNANDO AGUDELO (mayo 21 de 2005).
En estas condiciones procedieron a tomar posesión de los diferentes procesos organizativos, colocaron al frente de las organizaciones sociales de la zona a personas de su confianza y sometieron a la intimidación a muchas otras que continuaron gestionando procesos organizativos populares. Luego del proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara al mando de alias Berna, de manera ahora sí abierta procedieron a tomar posiciones en las diferentes estructuras sociales como juntas de acción comunal y juntas administradoras locales, continuaron manejando las extorsiones a comerciantes y a habitantes, reclutaron masivamente a menores de edad para involucrarlos en el tráfico de estupefacientes y para componer las tropas de otros frentes y bloques que pretendían mostrar en proceso de desmovilización.
En reciente informe de riesgo presentado por el sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se denunció que los habitantes de la Comuna 13 se encuentran sometidos al inclemente accionar de los grupos paramilitares desmovilizados y no desmovilizados, quienes adelantan agresivas campañas de reclutamiento forzado de menores a sus filas, son responsables de numerosos casos de desplazamiento forzado intraurbano y de diferentes modalidades de criminalidad (expendio de estupefacientes, extorsiones, etc.), sin que los integrantes de la fuerza pública tomen las medidas de protección del caso.
Se señala en este informe que: “En la actualidad, al surgimiento de nuevos grupos armados ilegales articulado a las facciones que no se desmovilizaron y a los desmovilizados que continúan delinquiendo, se le adicionan el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, el constreñimiento a líderes barriales comunitarios y el desplazamiento intraurbano”.
4. Conclusiones
– Como consecuencia de la política oficial de persecución y exterminio de los diferentes procesos organizativos comunitarios se ha logrado la destrucción del tejido social.
– Las víctimas de los crímenes cometidos durante los últimos 5 o 6 años por paramilitares, en asocio con fuerzas oficiales, continúan en situación de absoluta impunidad y el pretendido proceso de desmovilizaciones de las fuerzas paramilitares presentes en la zona no satisface los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
– En la zona han sido halladas fosas comunes con 11 cadáveres de algunas de las personas desaparecidas por la fuerza pública y por los paramilitares, de los cuales hasta el momento sólo 6 de ellos han sido identificados.
– La aplicación del marco jurídico contenido en la denominada Ley de Justicia y Paz no garantiza efectivamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
– Consideramos propuestas de tipo civil como la Comisión Ética Internacional, organismo conformado por 20 personalidades internacionales de reconocida trayectoria que se encargue de apoyar y acompañar los procesos de las víctimas y de documentar y conservar la información de cara a la realización del derecho a la verdad, para que cuando se presente la oportunidad en Colombia se conforme la Comisión de la Verdad.
– Consideramos también la realización del inventario de daños que busca documentar la multiplicidad de daños generados con ocasión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13. Con este inventario no sólo se busca hacer conciencia sobre el derecho violado, sino que se abarque un concepto amplio de daño y víctima; hasta ahora en la Comuna 13 se tiene un proceso con 100 familias con las que se han documentado los casos y los daños ocasionados, daños de tipo colectivo (tejido social desarticulado, procesos organizativos aniquilados) e individual en su acepción jurídica amplia.
BUENAVENTURA: DESTINO TURÍSTICO .... COLOMBIA ES POISON
El pueblo indígena Wayúu, asentado en el casi desértico departamento colombiano de La Guajira, ha sido sometido por los paramilitares a una “guerra silenciosa” que deja más de 200 muertos, la mayoría de ellos en los cinco últimos años, denunciaron hoy fuentes de una alianza de mujeres aborígenes.
